En el artículo que firmé para este Digital el 5 de agosto pasado, “La economía sumergida y el principio de estabilidad presupuestaria” me refería a otro publicado el 24 de Julio y comentaba lo manifestado por el Presidente de la CEOE demandando impuestos más simples, más duraderos en el tiempo y más comprensibles para empresas y ciudadanos; igualmente sugería en nombre de la patronal “hay que acabar con la economía sumergida”.
Recientemente, en Noviembre pasado, en nota de prensa, el Circulo de Empresarios, solicitaba “Un sistema fiscal para crecer en un entorno global” en la citada nota sugiere una reforma tributaria que cumpla la doble finalidad de “garantizar la financiación y sostenibilidad del Estado de Bienestar e impulsar el dinamismo y competitividad de la economía española”; la patronal a través de su Presidente y del Vicepresidente y Presidente del comité de Economía y Presupuestos, considera que las reformas fiscales de 2014 y 2015 “no se han traducido en avances significativos en términos de recaudación y competitividad de nuestro sistema tributario”.
La primera recomendación que figura en el documento es que las medidas fiscales que se adopten sean consensuadas y con visión de largo plazo, sin que supongan la creación de nuevos tributos ni la subida de los ya existentes, con el objetivo de aumentar la recaudación tributaria y situar los ingresos públicos en torno al 40 % de PIB en 2020.
Otra de las recomendaciones señala: “intensificar la lucha contra el fraude y la economía sumergida”; también simplificar el sistema tributario español suprimiendo tributos y mediante leyes más sencillas, reglamentos más claros, reduciendo la presión fiscal y mejorando la eficiencia de la Administración Tributaria, a la vez que se promueva la educación fiscal para hacer que los ciudadanos sean conscientes de su corresponsabilidad con el Estado de Bienestar.
Lo anterior motiva la reflexión sobre las últimas reformas fiscales iniciadas por el Estado y si la presión fiscal que originan es la adecuada, también si, en el caso de las empresas que obtienen resultados positivos (base imponible) la cantidad resultante (resultado después de impuestos) les permite financiar nuevas políticas de inversión y, por último si los tipos impositivos señalados por el Estado son los correctos.
Y no solo afecta a la empresa y a los empresarios, también a las clases medias y a los trabajadores que reciben los impactos en el deterioro de sus relaciones laborales (falta de pago de cotizaciones sociales, sueldos y salarios precarios, etc.) y al trabajador autónomo en sus distintas versiones de empresario y/o trabajador.
En un documentado trabajo de la Dra. Hernández Rubio se indica como características de la Economía sumergida: “Tiene carácter universal; su vigencia se perpetúa en el tiempo y su tamaño aumenta en épocas de crisis económica” y, como consecuencias una muy importante: “Los datos de la actividad económica no son del todo precisos”, lo que plantea una grave dificultad para los responsables de instrumentar la política económica, al contar con indicadores oficiales poco fiables.
Recientemente manifestaciones de los responsables políticos nos indican que “España necesitaba estabilidad fiscal es decir adaptarse a unos objetivos de déficit”; el pasado día 2 el Consejo de Ministros aprobó un Decreto Ley de subidas de Impuestos (el Ministro de Hacienda ya había detallado adaptaciones en el de Sociedades, alcohol y tabaco y la novedad impositiva sobre las bebidas azucaradas, además de un “no” a la subida del IVA, pero un “si” a más control en las liquidaciones de este Impuesto) y un proyecto de Ley por el que se creará un nuevo impuesto sobre bebidas azucaradas; dichas medidas tienen una parte de adaptación a la realidad y otra también de decisiones políticas (La Comisión Europea nos exige una senda de ajuste muy dura para 2017).
Otras noticias, una del día 7, “La autoridad fiscal cuestiona la eficacia de la reforma tributaria”; los técnicos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal opinan que la economía española crecerá en la línea prevista por el Gobierno pero observan algunos riesgos, entre ellos el empeoramiento del sector exterior; la AIREF (*) no tiene claro que el ajuste de gastos e ingresos, anunciado y aprobado por el Ejecutivo, para recaudar siete mil millones de euros y bajar el déficit hasta el 3,1% del PIB se vaya a cumplir.
Una llamada de atención al sector exportador aragonés y en especial al agroalimentario que está en la “cresta de la ola”.
Otra de hoy mismo, “Alerta en la deuda pública tras la última decisión del Banco Central Europeo”; El Presidente del BCE ha decidido reducir las compras de deuda en su programa de estímulos, lo que podría ser anuncio de subida en los tipos de interés.