La ingeniería española ha alcanzado un excelente nivel internacional con liderazgo en sectores como las energías renovables, el transporte, la gestión de redes de servicios avanzados o las grandes plantas llave en mano.
España es un país industrializado y la industria es un componente fundamental para el discurrir futuro del país ya que nuestro porvenir reside en gran medida en nuestra capacidad de fabricar cosas. Aunque de forma diferente a como se ha venido haciendo hasta ahora.
Debemos abordar un sincero análisis sobre la situación actual de la Industria en España en el que, además de preguntarnos -toda vez aceptamos su existencia- acerca de los motivos que han provocado la desindustrialización, se traten temas como la productividad, el esfuerzo en I+D+i, la escasa facilidad para la creación de empresas innovadoras, el papel de las Pymes en el tejido productivo, o la presencia de la industria española en el exterior.
Debemos revisar el efecto perverso que la desatención continuada por parte de los sucesivos gobiernos de uno u otro color, pese a su importancia en el desarrollo económico de la nación, ha tenido sobre este sector estratégico.
La política energética y los desaciertos legislativos de los últimos años que venimos denunciado van en contra de la inversión industrial y de la implantación de industria en nuestro país.
La realidad es que vivimos en un país en el que sin contar los impuestos, pagamos de coste de la producción de energía, en torno a un 30% de nuestra factura y, el resto, casi otro 70%, por el uso de las redes eléctricas y otros costes regulados por el gobierno. Si analizamos el peso de los costes energéticos en el balance de nuestras empresas y lo comparamos con el resto de la UE nos daremos cuenta de la pérdida de competitividad que elllo conlleva para nuestras empresas.
Como paradigma del sinsentido encontramos el decreto de autoconsumo, que se aprobó el pasado mes de octubre, con el cual se modificó las reglas de la producción eléctrica para consumo propio, e introdujo el popularmente llamado 'impuesto al sol' y que supuso una penalización del autoconsumo eléctrico, introdujo una grave inseguridad jurídica ya que el Real Decreto es retroactivo y afecta a quienes ya tenían instalaciones realizadas, que tienen que adaptarlas y asumir nuevos costes.
Tenemos la obligación de trabajar de manera ardua sobre sectores industriales y áreas de actividad en las que encontramos capacidades empresariales, tecnológicas y productivas sólidas tanto en el momento actual como en el largo plazo, como por ejemplo agroalimentación, automoción, transporte, gestión de residuos, energías renovales, etc.
Más allá del pesimismo que se ha apropiado de casi todos proponemos pensar en el mercado actual y en cómo pueden contribuir al despegue de la economía nacional las capacidades productivas reales que poseemos y algunas acciones concretas que podemos poner en marcha: el potencial de la marca España asociado a según que valores, la internacionalización de soluciones llave en mano, el desarrollo de materiales sostenibles e inteligentes, la repatriación de producción deslocalizada, la producción de alimentos para la salud, la especialización en vehículos urbanos o el tratamiento del agua, entre otros.
Junto a lo anterior cabe analizar la puesta en marcha de medidas concretas que faciliten el desarrollo de la estrategia industrial, como el fomento de la colaboración entre empresas, el impulso de la iniciativa empresarial, agilizar la función de empuje de las grandes empresas, la simplificación de procedimientos para la puesta en marcha de actividades productivas, facilitar el acceso al suelo industrial, apoyo a la internacionalización, apuesta por la innovación, actuaciones en el sistema educativo para el fomento de los temas profesionales o mejorar la conexión entre oferta universitaria y demanda industrial.
Creemos que la Industria es una cuestión de Estado, por lo que hay que posicionarla en un primer plano de las preocupaciones ciudadanas, fomentar la marca España con las connotaciones de calidad de vida, sostenibilidad y tecnología, elaborar un código ético de buen gobierno de las Pymes, hacer un análisis de la productividad, poner en marcha mesas de diálogo y armonizar las políticas relativas a la industria en los distintos niveles de la Administración Pública.
Todas las medidas que proponemos requieren voluntad por parte de las Administraciones Públicas y, no tanto, un esfuerzo económico. El mensaje que los ingenieros industriales quieren enviar a la sociedad es positivo, y frente a la urgencia de las medidas económicas, quieren dejar constancia de su apoyo a colaborar en el diseño de una nueva política industrial que sitúe la reindustrialización de España como una cuestión de Estado, clave para la urgente reactivación económica.