Recordemos que los presupuestos para el presente año fueron aprobados, entre fuertes críticas de la oposición, por las anteriores Cámaras donde tenían una mayoría absoluta el PP. El tiempo ha revelado lo acertado de esa decisión del Gobierno.
La pregunta inmediata es ¿pero tan grave es que no se aprueben unos presupuestos? ¿qué pasa si se prorrogan los actuales?. Veamos, la política económica de un país se define mediante dos instrumentos esenciales: la política monetaria y la política presupuestaria. La primera, la monetaria, afortunadamente no está en nuestras manos, sino en las del BCE, y digo afortunadamente, porque de otro modo, si persistieran las pesetas, en estos momentos no valdrían ni el papel en que estuvieran impresas. La segunda, la presupuestaria, se plasma en los Presupuestos del Estado, que deciden cuanto hay que recaudar y como hay que gastar. Cuánto va a gasto corriente y cuánto a inversión, y si han de ser expansivos o restrictivos –esto último, vigilado por Bruselas- de modo que si tenemos en cuenta que este gasto asciende aproximadamente al 40% del PIB, su influencia en la economía en general es evidente.
La economía mundial se mueve a un ritmo vertiginoso, de manera que, como al conejo de Alicia en el País de las Maravillas, hay que correr mucho para mantenerse en el mismo sitio, así que, un año en el que, debido a la prórroga, no pueden emprenderse nuevos proyectos, solamente atender al gasto corriente y el seguimiento de los proyectos en marcha, en el que se viaja con un cacharro anticuado –los presupuestos pensados para 2016, se aplican a una situación distinta, la del 2017-, tiene un resultado que no es el más adecuado para la marcha de una economía que ya de por sí cojea. Jurídicamente supone, además, entrar en un oscuro túnel, pues el precedente de la prórroga de los Presupuestos del 2012 para el año siguiente nos sirve de poco como experiencia, ya que temporal, pues ya en junio del 2013 el gobierno sacaba adelante los Presupuestos para ese mismo año.
Bajemos, sin embargo, de las altas ramas filosóficas al suelo de lo cotidiano. Esta situación conlleva la paralización de nuevos proyectos, con consecuencias negativas para el empleo. Los sueldos de los funcionarios y las pensiones deberían de congelarse, aunque siempre queda el recurso de aprobar incrementos mediante decretos-leyes convalidados por las Cámaras. Los ingresos han de permanecer, de modo que no pueden modificarse los impuestos: las sociedades tributarán con las normas y tipos que rigen hoy, aunque quizá tengan que adelantar el pago del impuesto sobre los beneficios, si el Gobierno saca adelante el decreto que anticipa los pagos a cuenta, y como contribuyentes del IRPF, la escala estatal será la actual, pero la Comunidad Autónoma puede modificar los tipos correspondientes a su participación, como ha hecho el Gobierno de Aragón en el presente año, que ha subido de forma notable los tipos del impuesto. Todo parece indicar, sin embargo, que no haya que tributar por el Impuesto de Patrimonio, ya que la Ley de Presupuestos para 2016 establece una exención del cien por cien para el 2017.
Hay quien aduce que las repetidas crisis de gobierno que sufrió Italia en los setenta del siglo pasado no le impidieron crecer económicamente, y que Bélgica estuvo sin gobierno casi un año en 2010 sin mayores consecuencias, pero lo que se olvida es que en estos países hay una Administración regida por funcionarios de carrera inamovibles hasta muy altas escalas del sistema, que se encargan de impulsar los proyectos, gobierne quien gobierne. Cosa que no ocurre en nuestro país, en el que numerosos organismos y departamentos están dirigidos y atendidos por personas de libre designación por el Gobierno de turno, de modo que cada cambio de gobierno supone el cese y nombramiento de numerosos cargos y la paralización de departamentos completos. Estamos, en este sentido, en la España de Galdos.