El Gobierno de Aragón creará próximamente la Oficina de Contratación Pública con el objetivo de coordinar actuaciones que incumben a varios departamentos y organismos públicos, relativas a la normalización de los pliegos tipo o las reservas sociales de contratos, así como preparar la transición hacia la contratación pública electrónica.
Así lo ha anunciado el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, durante la clausura de la jornada que se ha celebrado en la Universidad de Zaragoza sobre “Nuevos escenarios de la contratación pública: La nueva regulación de la contratación pública a debate desde la perspectiva de competencia, solidaridad e integridad”.
Esta nueva figura se suma al Foro de los Contratos Públicos, a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
En el proceso de actualización y mejora a los que el Departamento de Hacienda va a someter a estos órganos se busca ampliar las funciones de la Junta, que pasan por asignarle las nuevas funciones de supervisión, y que lidere asimismo la función formativa de nuestros empleados públicos. Respecto al Tribunal, el Ejecutivo también tiene prevista la ampliación de sus competencias cuando entre en vigor el Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública de Aragón.
El futuro proyecto de ley vendrá a sumarse también a la colaboración con el tercer sector, con las entidades sin ánimo de lucro, respecto de las cuales se ha regulado una vía paralela a la contratación pública que, sobre la base de los principios de solidaridad y de eficiencia económica, permite contar con la iniciativa social para la prestación de servicios a las personas.
La futura Ley de Uso Estratégico de la Contratación Pública planteará algunas medidas novedosas, entre las que cabe destacan, controlar el pago de las nóminas a los trabajadores de las empresas contratistas o garantizar la indemnidad salarial para los trabajadores si, durante la ejecución de un contrato finaliza la vigencia del Convenio colectivo que les resulte aplicable.
Ahora mismo hay otras dos iniciativas en marcha, una en el ámbito de la salud y otra en el ámbito de la descontaminación de suelos, que están explorando la licitación de procedimientos de compra pública de innovación. La idea es consolidar estas primeras experiencias y avanzar en otras nuevas.
