Las principales ciudades españolas gobernadas por la formación Podemos, entre ellas Zaragoza, han rechazado el borrador del proyecto de ley de pobreza energética elaborado por el Gobierno español. Hasta Barcelona se desplazó la concejala de Derechos sociales, Luisa Broto, para acudir a un acto celebrado en el consistorio de la ciudad Condal junto a representantes de los ayuntamientos de las otras localidades reacias, Madrid, Valencia, A Coruña, Córdoba, Cádiz, Santiago de Compostela y, por supuesto, Barcelona.
Los representantes municipales expusieron sus alegaciones al proyecto con que el Estado pretende regular el bono social y la figura del consumidor vulnerable. Coinciden en que este proyecto solo pone en peligro el trabajo que se lleva a cabo para garantizar el suministro a las personas en riesgo de exclusión social.
En resumen, solicitaron al Ejecutivo que se trabaje por un cambio de modelo energético que ponga la garantía de acceso a los servicios básicos de la ciudadanía por delante de los beneficios económicos de las grandes empresas.
