viernes. 29.03.2024

LAS BUENAS INTENCIONES DEL GOBIERNO PARA LAS PYMES

El PP y Ciudadanos tienen firmado un pacto de gobierno basado en ciento cincuenta compromisos para mejorar el país. Este documento debiera ser el guión de la próxima acción del Gobierno, si éste tiene continuidad y es capaz de superar los obstáculos para que se aprueben unos presupuestos del Estado aceptables para Bruselas.

Este pacto dedica bastante atención a la mejora de la situación de pymes y autónomos, contemplando algunos de sus varios problemas. Unos apartados se dirigen a facilitar su financiación, mediante una más precisa regulación de la financiación participativa (crowfunding), para no depender  totalmente de la banca; otras, a simplificar la carga administrativa haciendo más sencilla la presentación de cuentas y aumentando el umbral de facturación (hoy en 6 millones) para alivio de cargas fiscales. En cuanto a las cargas sociales, se pretende eximir de cotizar SS.SS. a los autónomos que no lleguen al salario mínimo y basar su cotización en la real ocupación, cuando es a tiempo parcial; equiparar su protección social a la de los cotizantes del régimen general; aumentar a un año la cotización reducida de los nuevos autónomos; exonerar de pagar a la seguridad social durante la baja por maternidad, etc.

En fin, por no aburrir, hay medidas que inciden en otros aspectos, como la creación de un instituto especializado de apoyo a estas empresas similar al Small Business Services británico, o las dirigidas a penalizar el incumplimiento de los plazos legales de pago por grandes empresas y Administraciones Públicas.

Uno de los buenos propósitos se refiere a ofrecer una verdadera segunda oportunidad a quienes fracasen en su proyecto empresarial, avanzando sobre el modelo actual al que me referí en el último de mis artículos publicados por este medio digital. Sobre este tema, y como ejemplo de que, como dice Milton Friedman, “una y otra vez en política las buenas intenciones se tuercen; y muchas veces porque se gasta dinero de otros”, se han pronunciado los Jueces Decanos en un documento muy crítico con la norma actual: “La Ley de Segunda Oportunidad es una ley absolutamente fracasada, lo cual es grave, sobre todo cuando generó falsas expectativas a millones de ciudadanos”.

Manifiestan los Jueces en este pronunciamiento que mientras en Francia y Alemania se superan ampliamente los 100.000 concursos de personas físicas al año, en nuestro país no llegan ni a seiscientos. Hemos sido los últimos de Europa en regular la segunda oportunidad –continúan diciendo- y lo hemos hecho de forma timorata, hasta el punto que la Ley no ha tenido incidencia alguna, “no ha servido para recuperar a miles de personas situadas en el ostracismo civil debido a sus deudas y que podrían iniciar una nueva vida como emprendedores, generar riqueza y contribuir al sostenimiento de los servicios públicos con sus tributos”. Pocas veces la judicatura, especialmente cuidadosa en sus apreciaciones, ha formulado una crítica tan dura sobre una norma emanada del Estado.

LAS BUENAS INTENCIONES DEL GOBIERNO PARA LAS PYMES