El Departamento de Hacienda y Administración Pública estudia cómo trasladar a los compromisos de pago que el Gobierno tiene con las entidades sociales los sistemas que se están aplicando para reducir el Periodo Medio de Pago a Proveedores en el caso de las deudas comerciales y que han permitido situar en 17 días en el mes de diciembre el PMP global de la Administración autonómica. Así lo ha explicado hoy el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, a los representantes de CERMI, organización que aglutina las entidades que representan a las personas con discapacidad, con los que se ha reunido esta mañana.
En el transcurso del encuentro, al que –entre otros– han asistido la presidenta de CERMI, Marta Valencia, y el vicepresidente, Santiago Villanueva, han abordado también su reivindicación de reserva de plazas en las convocatorias públicas para el colectivo al que representan y que, si bien reconocen que se aplica bien en la Administración General de la Comunidad Autónoma, consideran que no se aplica de la misma manera en sectores como los de Sanidad y Educación.
También se han referido a la aplicación de la Ley de Concertación, en la que se reservan posibilidades de contratos para las entidades que representan, y que aún no ha tenido consecuencias prácticas. El consejero considera que, en el momento en que ya empiecen a contratarse con la nueva ley, esa parte del problema empezará a resolverse y asegura estar convencido de que las entidades sociales deben tener una prima en los contratos que hagan las administraciones públicas.
Por otra parte, y tras conocer que el Tribunal Constitucional ha resuelto que las convocatorias para la distribución de los recursos fruto de la reserva que se hace en el IRPF para temas sociales es competencia de las comunidades autónomas, CERMI ha manifestado su preferencia porque esa competencia siga estando adscrita al Gobierno Central. El consejero, por su parte, ha dicho que, de ser así, y tras analizar la parte que corresponde a la Comunidad, mantendrán las oportunas reuniones para ver de qué manera se distribuyen dichos fondos.
Además, los representantes de CERMI han trasladado al consejero de Hacienda y Administración Pública su preocupación ante la prórroga presupuestaria y la posibilidad de que no sea posible contar con un documento económico para 2017. En este sentido, Gimeno ha reconocido que este hecho supondría disponer de menos recursos para las entidades sociales puesto que el borrador sobre el que trabaja el Gobierno de Aragón para este año contempla un incremento en las partidas que sustentan el desarrollo de las políticas sociales.
