La directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba, ha señalado hoy que “el Gobierno de Aragón se limita a aplicar la legislación tributaria, tanto en el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas, como con el resto de impuestos y figuras tributarias, que es la fuente de ingresos de la Comunidad Autónoma”. Torralba ha recalcado que “el Gobierno de Aragón aplica el mandato del parlamento, a través de la ley, con sus desarrollos reglamentarios necesarios”.
Torralba subraya que “el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) es un tributo ecológico y solidario, que se encuentra entre los recursos tributarios de la Comunidad, y que tal como fija la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, se recauda a través del Instituto Aragonés del Agua, entidad pública adscrita al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad”.
Posible recurso de Zaragoza
Respecto al posible recurso anunciado por el Ayuntamiento de Zaragoza para no aplicar el ICA en el municipio, la directora del Instituto Aragonés del Agua informa que “no se ha recibido ningún requerimiento previo del Ayuntamiento de Zaragoza a la posible presentación del recurso, paso al que obligan tanto la ley como el principio de lealtad entre instituciones; por tanto, desconocemos el acto administrativo formal y concreto al que se refieren, ya que no hemos recibido noticia formal, de cuerdo con ese principio de lealtad”.
“El Gobierno de Aragón tiene como objetivo una actividad administrativa eficaz, eficiente y con total transparencia en materia de agua”, ha señalado Torralba, quien ha recordado que “la Cámara de Cuentas ya ha aprobado auditar el estado de situación del Instituto en 2015, lo que permitirá conocer con total claridad el punto de partida sobre el que comenzó nuestra gestión”.
El ICA es un impuesto y no una tasa
La directora del Instituto Aragonés del Agua ha subrayado el carácter solidario del ICA, impuesto que “pagamos todos los usuarios de los servicios del agua aragoneses por producir aguas residuales, y cuya recaudación está íntegramente destinada a financiar las actuaciones de abastecimiento, depuración, saneamiento y prevención de la contaminación en todo Aragón”. “Es un impuesto por contaminar, y no una tasa por depurar”, reitera Torralba.
Torralba recuerda que en 1995, la Administración General del Estado condicionó los fondos propios y europeos destinados a depuración a que previamente las comunidades autónomas creasen un canon de saneamiento, para aplicar adecuadamente el principio de recuperación de costes y el principio de quien contamina paga, a los que obliga la normativa europea.
