La consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, ha salido hoy moderadamente satisfecha de la reunión que ha mantenido en Madrid con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. Satisfacción porque el ministro ha compartido “el objetivo común de que no se cierre la Central Térmica de Andorra”. Y moderada por los escasos o nulos pasos dados hasta ahora en esa dirección a pesar de estar cada vez más cerca el plazo límite del 30 de junio de 2020 impuesto por la Unión Europea para afrontar las inversiones precisas para reducir las emisiones contaminantes de estas instalaciones energéticas.
Al término de la reunión en la sede del Ministerio -a la que también han asistido el Secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, y el Director General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, Alfonso Gómez-, la consejera ha explicado que el ministro le ha transmitido su plena convicción de la necesidad de la Central Térmica de Andorra para garantizar el suministro eléctrico en el país y evitar además que se dispare el recibo de la luz para los ciudadanos.
En este sentido, han acordado aguardar a que el Ministerio acabe de definir el contenido de un próximo real decreto ley con el que se pretende salvaguardar tanto la garantía de suministro energético del país como el carácter estratégico de las centrales térmicas en activo y en particular la de Andorra.
Si las medidas que articule esta normativa, que el Gobierno de Aragón conocerá en breve plazo antes de su puesta en marcha, coinciden efectivamente con la “voluntad compartida de no cerrar la Térmica de Andorra que se manifestó ayer”, el Gobierno de España “contará con toda nuestra colaboración, como hemos dicho siempre”, ha insistido la consejera.
Incluso ha avanzado de que de no salir adelante el ‘Plan A’ del real decreto ley -figura normativa que cuenta con la fuerza del respaldo parlamentario-, el Ministerio tiene un ‘Plan B’ -mediante la figura del decreto que va directo al BOE- para salvaguardar el futuro de las térmicas como garantes del suministro y por su carácter estratégico.
Se trata de dos principios que hasta ahora el Ejecutivo aragonés insistía en que defendiera ante la Unión Europea el Gobierno central, como único interlocutor válido, para que no se considerasen ayudas de estado las aportaciones estatales a las inversiones medioambientales que habría que realizar en Andorra.
Ahora en cambio, los planes del Ministerio podrían hacer innecesario e incluso contraproducente el acudir a Bruselas, según ha apuntado Gastón a tenor de lo expuesto por Nadal. Todo queda a expensas del contenido de la normativa que ha de concretar el Gobierno de España.
