La consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, ha presentado hoy la Estrategia de Promoción Económica e Industrial de Aragón 2017-2019 junto a los presidentes de CEOE y Cepyme en Aragón, Fernando Callizo y Aurelio López de Hita, y los secretarios generales de UGT y CC.OO. en Aragón, Daniel Alastuey y Manuel Pina.
El plan operativo de la Estrategia de Promoción Económica e Industrial de Aragón cuenta este año con una dotación total de 174,7 millones de euros
Este documento, nuevo avance del proceso de diálogo social recuperado al inicio de esta legislatura, constituye la base para impulsar un nuevo modelo de desarrollo marcado por la sostenibilidad, el equilibrio territorial, la eficiencia y el empleo estable; un modelo que garantice una mayor cohesión social.
Este nuevo avance, ha subrayado Gastón, refuerza la estabilidad empresarial, elemento clave para conseguir o afianzar otras metas como más empleo y de más calidad.
Ha incidido que se trata de un acuerdo abierto y flexible sujeto al seguimiento y al desarrollo dentro del proceso del diálogo social que continuará, ha anunciado, con la negociación de un proyecto de ley de Participación Institucional para garantizar la estabilidad y la interlocución de la representación socioeconómica de la Comunidad con vocación de perdurabilidad con independencia del color del Gobierno de cada momento.
La Estrategia incide en el apoyo a la transición digital en los procesos productivos con la extensión de la industria 4.0 y la innovación en general; el apoyo a la logística como elemento diferencial para la atracción y competitividad de las industrias en Aragón y como principal herramienta de la internacionalización; y el apoyo a la industria agroalimentaria en el marco de un desarrollo sostenible.
Todo ello dentro un contexto de revisión de todas las actuaciones administrativas para que, en general, se simplifique la burocracia, se digitalice de forma que se pueda tramitar casi todo por internet, se luche contra la economía sumergida, se coordinen las inversiones del Gobierno, se incluyan clausulas sociales en la contratación pública, y esta contratación pública cree además un marco favorable para las pymes.
El objetivo principal de las actuaciones previstas es la promoción de proyectos empresariales que permanezcan en el tiempo, generen o mantengan empleo y estén preparados para superar futuras crisis económicas.
