Parte del tejido empresarial aragonés está obligado a someterse a una auditoría energética antes del 13 de noviembre, en cumplimiento del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, cuya finalidad es el impulso y la promoción actuaciones que puedan contribuir al ahorro y la eficiencia de la energía primaria consumida, así como a optimizar la demanda energética de los centros consumidores, además de disponer de un número suficiente de profesionales competentes y fiables que permitan asegurar la aplicación de la norma.
Este Decreto transpone una Directiva del Parlamento Europeo que establece un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética y asegurar la consecución del objetivo principal de alcanzar un 20% de ahorro para 2020. Se trata, además, de garantizar un impulso significativo hacia la mejora de la eficiencia energética de los procesos productivos y del sector servicios en España ya que, entre otros aspectos, va a contribuir de manera decisiva a profesionalizar el sector de las auditorías y de los proveedores de servicios energéticos.
El Real Decreto ofrece como alternativa a justificar la obligación de realizar cada cuatro años una auditoría energética, la posibilidad de aplicar un sistema de gestión energética o ambiental, certificado por un organismo independiente con arreglo a las normas europeas o internacionales correspondientes, siempre que el sistema de gestión de que se trate incluya una auditoría energética realizada conforme a las directrices mínimas establecidas en el mismo.
En Aragón el órgano competente es la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía, Industria y Empleo. Hasta la fecha, este organismo ha gestionado 37 auditorías energéticas, que corresponden a 23 empresas. Por otro lado, también se han gestionado 10 declaraciones responsables relativas al cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de Proveedores de Servicios Energéticos.
En el conjunto del Estado, alguna organización sectorial estima que la norma podría afectar a casi 3.800 empresas, con más de 23.000 instalaciones en todo el país.
Tras la publicación del Real Decreto, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo acordó con las distintas comunidades autónomas constituir un grupo de trabajo al objeto de garantizar la correcta aplicación y de una manera lo más coordinada posible, de la norma en todo el territorio nacional. Aunque el documento resultante de dicho grupo de trabajo no ha sido publicado todavía, desde la Comunidad Autónoma de Aragón se está dando respuesta a las dudas planteadas por los distintos agentes implicados en el desarrollo de la norma.
