La Mesa General de Negociación de la Administración Aragonesa ha ratificado este viernes el reciente acuerdo para la integración efectiva de la prevención de riesgos laborales y la promoción de la salud entre los empleados públicos de la Comunidad Autónoma. De esta forma, la apuesta por la seguridad y la salud del Gobierno de Aragón recibe el apoyo de la mayoría de los representantes de los trabajadores.
Este acuerdo, que había sido suscrito previamente por unanimidad en la Comisión Autonómica de Prevención de Riesgos Laborales, prevé la implantación de los planes de prevención y la vigilancia sanitaria en toda la Administración autonómica, con una ambiciosa hoja de ruta para la actualización de esta política después de más de veinte años de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de 1995.
La Mesa General de Negociación -integrada por CC.OO., CSIF, UGT y CEMSATSE-, ha acordado la ratificación del acuerdo en materia de seguridad y salud a pesar de la decisión de los representantes del primero de estos sindicatos de levantarse y ausentarse de la reunión que se ha desarrollado entre las 13.30 y las 15.00 en una de las cúpulas del edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.
De igual manera, el acuerdo sobre prevención de riesgos laborales y promoción de la salud –que afecta a los más de 50.000 empleados públicos que prestan sus servicios en la administración y el sector público de la Comunidad Autónoma- ha salido adelante en la Mesa General y también se someterá a partir de ahora a la ratificación del Consejo de Gobierno. Este acuerdo establece plazos concretos para avanzar en la implantación y desarrollo de la política preventiva. Antes del 30 de septiembre de este año se presentará en la Comisión sectorial una propuesta de plan marco para la integración efectiva de la prevención de riesgos laborales y la promoción de la salud en la Administración Autonómica.
Tras la aprobación del plan marco en este órgano de participación, los diferentes departamentos y organismos públicos elaborarán, actualizarán y aprobarán los planes de prevención correspondientes a su ámbito de actuación antes del 31 de diciembre. También antes de fin de año se negociará con las organizaciones sindicales la renovación del actual modelo normativo en materia de protección de la seguridad y la salud de los empleados públicos.
Asimismo, se incorporará en la futura Ley de Función Pública, actualmente en fase de anteproyecto, una referencia explícita al derecho a la protección de la seguridad y la salud de los empleados públicos, así como las correspondientes previsiones sobre las obligaciones en la materia y las consecuencias de su incumplimiento.
