El último informe sobre la situación financiera de Aragón realizado por la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor’s (S&P) afirma que la Comunidad mantiene la perspectiva estable, dado que se estima un gradual descenso del déficit y una estabilización de la deuda.
La calificación crediticia de la compañía encargada de supervisar los riesgos financieros de la Comunidad desciende de BBB a –BBB al prever una ralentización en la contención del déficit y el endeudamiento, si bien Aragón permanece en el ‘grado medio inferior’.
Se trata del tercer de los siete niveles de calidad establecidos por las tres grandes multinacionales estadounidenses –S&P, Moody’s y Fitch- contratadas por las administraciones autonómicas españolas (una, dos, o las tres, según los casos; en el de Aragón solamente la primera) para supervisar sus riesgos crediticios (alto grado, grado medio superior, grado medio inferior, grado de no inversión especulativo, altamente especulativa, riesgo sustancial extremadamente especulativo y con pocas perspectivas de recuperación, y, finalmente, en situación de impago).
El grado medio inferior de riesgo es el que comparten, con variantes en positivo o en negativo como Aragón, la mayoría de las Comunidades Autónomas. La peor situada con diferencia a juicio de las tres grandes agencias es Cataluña, seguida de la Comunidad Valenciana –ambas en un nivel inferior-, mientras que en el otro extremo –a un nivel por encima- se encuentran Navarra y el País Vasco, que disponen de un régimen financiero foral por el que recaudan todos los impuestos y transfieren después una parte que se negocia periódicamente a la Hacienda del Estado.
A su vez, la calificación de S&P respecto al rating soberano de España permanece también en el grado medio inferior desde octubre de 2015, cuando subió un escalón hasta BBB+ con perspectiva estable.
El último informe sobre Aragón de S&P, fechado el pasado día 2, estima que Aragón continuará reduciendo su déficit sobre el horizonte previsto para el periodo 2016-2018, gracias a las condiciones favorables de la economía, pero más lentamente que las estimaciones efectuadas, debido principalmente a las dificultades para controlar el gasto sanitario.
Esa es precisamente la principal causa del descenso de calificación; que, desde el punto de vista de la agencia, la consolidación presupuestaria de Aragón avanza más lentamente de lo anticipado debido en su opinión a las dificultades que tiene la región para controlar el gasto corriente, en particular en el sector sanitario, durante los últimos años.
La extraordinaria deuda adquirida por Aragón para limpiar el déficit sanitario ha elevado el límite de deuda máximo permitido para el año 2015, que respecto a los ingresos sitúa en una posición superior a la del contexto. El pronostico se ve empeorado como consecuencia las continuas desviaciones de déficit en 2014 y 2015 como consecuencia de continuos gastos sobre presupuesto en el sector sanitario, responsable también del alto promedio de pago a proveedores.
Cabe recordar que el actual Gobierno aragonés ya se encontró tras su constitución en julio del año pasado con un ‘agujero’ de cientos de millones de euros correspondientes a gastos sin presupuestar, la mayoría de Sanidad. Durante este tiempo se ha realizado un enorme para sanear las arcas autonómicas, y la propia S&P corrobora en su último informe que los resultados de la ejecución presupuestaria en 2015 han sido peores que los previstos debido en parte al reconocimiento del déficit de gasto de ejercicios anteriores.
Pero antes de este informe ya se constató que seguía habiendo dificultades para contener el gasto sanitario. De ahí que recientemente el Consejo de Gobierno decidiera constituir un Grupo de Trabajo, integrado por representantes del Departamentos de Sanidad, del SALUD y del Departamento de Hacienda y Administración Pública, que analicen la evolución del gasto sanitario público, propongan medidas de racionalización y moderación del gasto sanitario, sin que ello afecte a la adecuada prestación del servicio público, así como estudiar y proponer medidas para fomentar el uso racional de los medicamentos.
En cualquier caso, el propio informe de Standard & Poor’s señala que el nuevo gobierno regional surgido de las elecciones de mayo de 2015 ha perseguido como objetivo mejora la fiabilidad del proyecto presupuestario, asumiendo de manera más realista el gasto en el sector sanitario. Ignora, eso sí, si este sector se mantendrá dentro de este límite o si por el contrario tendrá un mayor gasto sobre presupuesto, pero la agencia espera asimismo espera que los ingresos en Aragón tendrán un comportamiento expansivo de acuerdo con la recuperación de la economía española.
Para el 2016, las estimaciones previas de ingresos serán mayores que las calculadas en su momento, sobre todo debido a la fortaleza de la economía y al incremento de ingresos debido a la creación de impuestos medioambientales, sostiene la agencia. Por lo tanto, las expectativas de ingresos se incrementarán en línea con el crecimiento nominal del PIB (Producto Interior Bruto real más la inflación).
En base a este escenario, se espera para Aragón un incremento del gasto no financiero corriente superior al estimado. Este cambio se debe al reconocimiento en el presupuesto del déficit de ejercicios anteriores a 2015, como consecuencia del gasto en sanidad, educación y el devengo del 25% de la paga extra a los empleados públicos.
S&P también reconoce que Aragón ha planificado su presupuesto de manera más realista de acuerdo con las estimaciones de gasto efectivo. Como consecuencia de lo anterior, la agencia continua valorando positivamente la tendencia en los ingresos, si bien la expectativa de consolidación presupuestaria avanza más despacio de lo previsto.
En cuanto a la financiación de la Comunidad, la agencia crediticia señala que la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) en 2016 supone mayores niveles de supervisión y condicionalidad que llevarán a Aragón a la consolidación del saneamiento. Eso sí, apunta que el retraso en la reforma del sistema de financiación autonómica ha mermado la capacidad de las Comunidades para reducir su déficit y, debido a la incertidumbre política tras las elecciones generales de diciembre de 2015, no se espera que esta reforma se produzca en un futuro próximo.
